El Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria pide estabilidad, equilibrio y seguridad jurídica en materia de vivienda y alquiler tras la caótica situación que se está viviendo en el sector por la derogación del RDL 21/2018 de medidas urgentes en este ámbito. El presidente de la entidad, Diego Galiano, señala que la situación creada ha generado una gran confusión e inseguridad jurídica entre profesionales inmobiliarios y ciudadanos. “Los pactos e intereses políticos de cada momento no pueden ponerse por encima de la necesaria seguridad de las operaciones inmobiliarias.
Los apis exigen el máximo consenso entre todos los partidos políticos en el régimen jurídico del arrendamiento. “Un asunto tan importante para los ciudadanos como la vivienda no puede estar al vaivén político o a la ruptura interna de acuerdos, o a utilizar los apoyos como moneda de cambio”, indica Diego Galiano. Además, recuerda que este nuevo giro legislativo viene a sumarse al esperpento judicial que supusieron las sentencias contradictoras del Tribunal Supremo en torno al impuesto de las hipotecas.
Ante esta situación, el Consejo General API se reitera en el criterio de que la regulación del alquiler debe venir acompañada de una política de incentivos fiscales, siempre con soluciones rápidas y eficaces que aporten seguridad jurídica. Los apis transmiten la necesidad de una profunda reflexión sobre el sector de la vivienda en su conjunto, puesto que la compraventa y el alquiler exigen políticas comunes y coordinadas.