La Comunidad de Madrid asegura que tiene como objetivo prioritario elaborar y aprobar una nueva Ley de Cooperativas que sustituya a la actual, vigente desde 1999. Así lo ha asegurado la Directora General de Autónomos de la Comunidad de Madrid, Almudena Moreno Hernández, en la I jornada de esta edición de “Los Lunes de la Economía Social” organizados por la Universidad Católica de Ávila (UCAV) y el Colegio Gredos San Diego (GSD), donde Concovi ha estado presente como representante de la Economía Social en materia de vivienda.
Precisamente a principios de noviembre, el ejecutivo anunció que ya habían iniciado los trámites para esta nueva y necesaria Ley, que, según han afirmado, será aprobada en esta legislatura. Desde el Gobierno Regional, aseguran que el cooperativismo es una fórmula que puede reforzar el emprendimiento colectivo y ofrecer un soporte jurídico más seguro y favorable para poner en marcha actividades económicas relacionadas con el talento y la innovación en el mundo tecnológico”.
Desde Concovi, es nuestro deber exigir a la Administración que cumpla su promesa y apruebe una nueva Ley de Cooperativas en esta legislatura, porque “no puede volver a ocurrir que, tras tanto trabajo y años de esfuerzo, la norma vuelva a quedar a las puertas de ser puesta en marcha, como ocurrió en la legislación anterior, porque Madrid necesita una norma acorde con las nuevas necesidades que requiere la población en materia de cooperativas y que no pueden ser cubiertas por la Ley de 1999, que en muchos aspectos y como es normal, ha quedado obsoleta”, asegura el presidente de la patronal de cooperativas de viviendas, Juan Casares.
Concretamente, en materia de vivienda, es estrictamente necesario, y así lo recogía el borrador de esta Ley, que nuevo texto contemple una legislación específica para el fomento y la regulación de los modelos de cesión de uso y derecho de superficie como alternativas para garantizar el acceso de la vivienda en la Comunidad de Madrid, así como las cooperativas de alquiler y, por supuesto, las cooperativas en materia de rehabilitación integral de edificios y barrios, que necesitan una regulación específica y concisa, ya que no pueden regirse por la Ley de Propiedad Horizontal. Así mismo, reivindicamos que contemplen de forma detallada las fórmulas de colaboración público-privada entre la Administración y las entidades sin ánimo de lucro como única opción viable para poner en carga los suelos públicos paralizados y asegurar que cumplan con el objeto social que les es inherente, que no es otro que garantizar el acceso a la vivienda a los ciudadanos.