Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

El Ejecutivo ha aprobado una serie de medias para afrontar los efectos de la pandemia del COVID-19 y la declaración del estado alarma. Entre ellas destaca la moratoria en el pago de las hipotecas para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos por esta crisis.

“Garantizamos el derecho a la vivienda de las personas más vulnerables”, ha dicho Sánchez, “con una moratoria de las hipotecas. Ninguna persona perderá su casa ni será desahuciada durante esta crisis”. No ha aportado detalles sobre la medida, aunque fuentes de Moncloa que cita Expansión han reconocido que es razonable pensar que la moratoria se prolongue durante varios meses.

También se ha aprobado una línea de avales por valor de 100.000 millones de euros para las empresas. Con esta medida el Gobierno espera solventar los problemas coyunturales derivados de la caída de la actividad y evitar así que deriven en problemas de solvencia. Según ha explicado el presidente, esos 100.000 millones permitirán movilizar un total de entre 150.000 y 200.000 millones si se suma la colaboración del sector privado.

Por otro lado, el Gobierno agilizará los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y garantiza a todos los empleados afectados la prestación contributiva por desempleo y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado. Las empresas también quedan exoneradas de la parte de la cotización de contingencias comunes durante el tiempo que dure el ERTE.

Otra medida importante, derivada del desplome vivido por los mercados hasta ayer, es la reforma de la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos. Intenta de esta manera el Gobierno intenta blindar las grandes empresas de nuestro país para que sigan controladas por capital nacional.

En total, el Gobierno prevé una movilización de recursos públicos de hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% del PIB, de los cuales 117.000 millones serán íntegramente públicos. Los 83.000 millones restantes saldrá de “la movilización de recursos privados”, según ha asegurado Sánchez.
Medidas incluidas en el real decreto