CaixaBank y Bankia están negociando su fusión, según han comunicado ambas entidades. Los dos bancos tienen la intención de reforzarse ante la posibilidad de que la crisis del coronavirus sea más larga de lo esperado. El grupo resultante contará con activos por 650.000 millones y sería el mayor banco del mercado español. La intención de ambas entidades es apurar los plazos y acelerar al máximo los trámites pertinentes con el fin de tener ultimada su fusión antes de que acabe el 2020.
La fusión dará origen a un grupo con activos por importe de 650.000 millones de euros, unas 6.600 sucursales (4.400 la entidad de origen catalán y más de 2.200 de la entidad nacionalizada) y una plantilla conjunta superior a los 51.000 empleados (casi 35.600 CaixaBank y unos 16.000 Bankia).
La operación se enmarca dentro del proceso de consolidación bancaria reclamada desde diversos organismos en los últimos meses debido a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. En la última semana, el vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía del Gobierno de España, Luis de Guindos, consideraba urgente la consolidación bancaria a fin de abordar los problemas de rentabilidad que ya existían antes de la crisis.
También el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aseguraba que veía margen para que se produzcan más fusiones bancarias sin incurrir en el oligopolio, tanto en Europa como en España.
La operación supone la privatización de Bankia, ya que el Estado tiene cerca del 62% de las acciones de la entidad. Este proceso de privatización estaba prorrogado hasta finales de 2021, con el objetivo de dar margen al Gobierno para estudiar todas las posibilidades y maximizar el retorno del rescate bancario.
Para reflotar Bankia, el Estado inyectó 22.424 millones de euros en 2013, de los que ha recuperado ya 2.864 millones de euros (el 12,77% del total) con la venta de dos paquetes del 7,5% y el 7% en 2014 y en 2017, más 741 millones pagados en dividendos, a los que el banco añade cerca de 5.000 millones devueltos a preferentistas y minoristas de la salida a bolsa del 2011.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tendrá la última palabra en esta fusión. No obstante, pedirá al Banco Central Europeo (BCE) un informe sobre la fusión. El BCE debe aprobar adquisiciones de participaciones cualificadas en entidades de crédito cuando sean iguales o superiores al 10% de las acciones o derechos de voto de la entidad o superen los demás umbrales pertinentes (20%, 30% o 50%).
El Consejo de Supervisión del BCE anunció en julio que facilitará la consolidación del sistema bancario de la zona euro mediante el uso de sus herramientas supervisoras, por lo que no exigirá unos requisitos de capital más elevados a las entidades que surjan de una fusión. De este modo, los proyectos “sostenibles” de consolidación tendrán unos requisitos de capital iniciales iguales a la media ponderada a los requisitos del Pilar 2 de las entidades que se van a fusionar.