El Ministerio de Hacienda ha afirmado en el Congreso que no puede excluir de la contratación pública a las empresas de la construcción sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hasta que la resolución sea firme.
Así lo explicita en una respuesta parlamentaria, recogida por la agencia Europa Press, a la portavoz económica de Ciudadanos, María Muñoz, que el pasado julio planteó al Gobierno si pensaba aplicar la prohibición de contratar prevista en la Ley de contratos del sector público para este tipo de infracciones.
Todo ello un día después de informar la CNMC de la imposición de multas por un total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas -(Acciona, Dragados, del Grupo ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr) por alterar durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.
En su resolución, el supervisor determinó la prohibición a estas empresas de contratar con la Administración. Sin embargo, el Ejecutivo en su respuesta indica que la aplicación de esta prohibición procederá en los términos previstos en la Ley de Contratos y de acuerdo con la jurisprudencia reciente, “de tal modo que es imprescindible esperar a que las resoluciones sean firmes”.
Las compañías y sanciones impuestas por Competencia el pasado julio son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).