Los grandes propietarios reclaman un marco normativo que regule la relación arrendador-arrendatario en contextos excepcionales como la crisis del coronavirus. Lo han hecho en el tercer encuentro digital de SIMAPRO HomeEdition, en el que se han abordado cómo los grandes propietarios de activos no residenciales están enfrentando la crisis del coronavirus.
Propietarios de activos hoteleros, comerciales y de oficinas están gestionando la crisis motivada por la pandemia del COVID-19 y la relación con sus arrendatarios en un contexto de parálisis de la actividad económica y, por tanto, de los flujos de caja. En el encuentro participaron Javier Illán, presidente y consejero delegado de Millenium Hotels Real Estate, Miguel Pereda, ceo de Grupo Lar; Leticia Ponz, head representative Office Spain y senior asset manager Spain and Mexico de Union Investment, y Joaquín López-Chicheri. presidente y consejero delegado de Vitruvio.
Javier Illánllamó atención sobre el carácter totalmente imprevisible de la actual pandemia y abogó por una revisión de las actuales cláusulas contractuales con el objetivo de que empiecen a incluir estos imprevistos, como ya se contemplan las guerras o las catástrofes naturales. Javier Illán insistió en que esta circunstancia está lastrando la relación arrendador-arrendatario durante esta crisis en la medida en que no existe un referente normativo en el que apoyarse.
Para Miguel Pereda, el impacto de la actual crisis va a ser solo relativo. En su opinión, hay que diferenciar el impacto coyuntural del cambio estructural. Al igual que en el caso de Millenium, Grupo Lar ha optado por posponer el cobro de los alquileres de marzo en los centros comerciales de su propiedad. “Posponer, ni condonar, ni bonificar”, señaló Miguel Pereda, que ha avanzado que en los dos primeros meses del año, antes de la que la pandemia eclosionara en nuestro país, sus centros comerciales habían experimentado una evolución muy positiva.
Por su parte, Leticia Ponz, centró su intervención en el coloquio de SIMAPRO HomeEdition en los efectos de la actual parálisis de la actividad económica y los nuevos hábitos de trabajo como resultado de las medidas de confinamiento. En su opinión, se trata de un temor exagerado, con independencia de que la ratio de deslocalización del puesto de trabajo presencial llegue en un plazo razonable de tiempo hasta el 25% o incluso el 30%.