La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) apoya públicamente el recurso Contencioso-Administrativo presentado el día 9 de abril por las Juntas de Compensación de Valdecarros, Berrocales y Los Cerros en el que solicitan como medida cautelar la suspensión del Plan Director aprobado por el Ayuntamiento en Junta de Gobierno el pasado mes de enero.

Asprima considera que la aplicación del Plan Director tendría unas consecuencias muy negativas para los madrileños al encarecer aún más el precio de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, y suponer un serio daño para las arcas municipales debido a las cuantiosas indemnizaciones patrimoniales a las que el Ayuntamiento debería hacer frente. Por otro lado, impediría la construcción de más de 50.000 viviendas sociales y el desarrollo de importantes planes de promoción de vivienda pública en régimen de alquiler, y como consecuencia de ello, provocaría la subida del precio de la vivienda presionando aún más la demanda en las poblaciones de la periferia, y congestionando en un mayor nivel las vías de acceso a la capital.

El recurso presentado destaca que la naturaleza jurídica del plan director es incierta al no estar prevista en la vigente Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. el plan director puede considerarse como una directiva vinculante o como un instrumento de planeamiento jurídico, las cuales pueden ser recurridas y suspendidas de manera cautelar.

Del mismo modo, el plan director se erige en una figura con fuerza normativa, pero fue aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, sin el informe previo de la Intervención General ni informe alguno de los servicios jurídicos municipales. Igualmente, el plan director no fue sometido a información pública para que el conjunto de la ciudadanía pudiese opinar.

Es por todo ello que Asprima considera que las Juntas de Compensación de Valdecarros, Berrocales y Los Cerros tienen razones jurídicas suficientes como para solicitar la medida cautelar de suspensión del Plan Director. La asociación considera que además de razones jurídicas, todos los datos económicos y medioambientales disponibles conducen a la conclusión de que los desarrollos del sureste son necesarios para la ciudad de Madrid.