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Las medidas aprobadas por el Gobierno para limitar el efecto de la crisis del coronavirus en el mercado de alquiler ha levantado duras críticas entre fondos y socimis. El plan del Gobierno distingue entre los propietarios particulares de las viviendas y los que considera grandes tenedores, es decir, aquellos que cuentan con más de 10 pisos en propiedad, básicamente inversores (fondos, socimis, sociedades patrimoniales, etc).

La renta de quienes se vean afectados por la crisis la asumirá el Gobierno si el arrendador es un propietario individual. A los “grandes tenedores” se les obliga a elegir entre aplicar una quita del 50% de la renta durante el tiempo que dura el estado de alarma y hasta un máximo de cuatro meses o aceptar una moratoria del pago de la renta durante cuatro meses. Una deuda que se les pagará sin intereses y de manera fraccionada en un periodo de hasta tres años y siempre dentro del plazo que continúe la vigencia del contrato.

Inversores, socimis, fondos y expertos han criticado estas medidas calificándolas de populistas e ineficaces. En este sentido, la Asociación de inmobiliarias con patrimonio en alquiler (Asipa) considera que incorporar el concepto de gran tenedor es una forma de «discriminar injustificada y arbitrariamente» el ahorro colectivo. Al tiempo, han destacado que los grandes propietarios ya han adoptado medidas de flexibilidad para ayudar a sus inquilinos más vulnerables ante los daños provocados por el COVID-19.

Desde Asipa apuntan que estas medidas «castiga a sociedades de gestión que representan a millones de ciudadanos individuales que deciden unir sus ahorros para facilitar inversiones colectivas más grandes y a más largo plazo”.

«Esta medida, por tanto, castiga, sin justificación alguna y de forma indirecta, a ahorradores privados, muchos de ellos pensionistas, y pone en riesgo el futuro del acceso a la vivienda de los españoles, al atentar contra la necesaria seguridad jurídica que este ahorro colectivo necesita para financiar el 1,5 millones de vivienda social y asequible que hay que construir en España para resolver los problemas de acceso a la vivienda de los jóvenes y familias», aseguran desde Asipa.