El presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Gabriel García, atribuyó hoy el crecimiento descontrolado de las viviendas de alquiler de uso turístico (VUT) a la falta de previsión y de planificación por parte de los gobiernos regional y local, durante su intervención en la mesa redonda ‘Gentrification: local VS travelers’ junto con el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas, y el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, en el evento de innovación hotelera ‘Guest Summit’.
Para el representante de los hoteleros madrileños, la mal llamada ‘economía colaborativa’ y la ausencia de un marco regulatorio sobre las VUT podrían poner en riesgo el modelo de turismo sostenible que defiende el sector en pos de mejorar la imagen del destino y de garantizar la convivencia “pacífica” entre ciudadanos y visitantes.
Además de provocar la expulsión de los residentes en aquellos barrios donde hay una mayor concentración de VUT, por la inseguridad que generan y por el incremento del precio de los alquileres, esta ‘masificación turística’ también está teniendo un impacto directo sobre el comercio de proximidad, ya que muchos propietarios están cerrando sus negocios tras la pérdida de su clientela tradicional.
“En menos de un año hemos pasado de 10.000 a 20.000 apartamentos turísticos en la región y de éstos sólo 4.000 están registrados en la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. Por este motivo, desde la AEHM pedimos a las administraciones la puesta en marcha, con carácter urgente, de una normativa eficaz que regule su actividad”, indicó. Asimismo, García recalcó que “también es preciso exigir a las plataformas digitales que las viviendas que publiquen en sus portales sean legales y estén registradas para que cumplan con unas normas proporcionales, al igual que lo hace la industria hotelera”.
Respecto al papel de las administraciones, el presidente de la AEHM reclamó soluciones eficaces y la contribución del sector en el procedimiento de modificación del decreto 79/2017 de la Comunidad de Madrid, aunque para ello “hay que conocerlo y, hasta la fecha, sólo hemos tenido acceso a la Memoria del proyecto de modificación”.
En este sentido, Gabriel García remarcó que es imprescindible tender a una regulación más ambiciosa que consistiría en elevar la normativa a rango de ley con el fin de establecer una regulación más sólida y estable y “restringir, en buena medida, la posibilidad de su impugnación por vía administrativa y judicial”.