El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró ayer en el Congreso de los Diputados que el Consejo de Ministros aprobará este mes el anteproyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario. En declaraciones a los periodistas tras la sesión de control al Gobierno el ministro explicó que el objetivo es aprobarlo en uno de los dos últimos Consejos de septiembre, y remitirlo al Parlamento para su tramitación. El titular de Economía señaló que el Gobierno está a la espera del dictamen del Consejo de Estado, que tiene hasta el jueves, para la emisión del mismo.
La ley de reforma hipotecaria tiene dos partes. La primera es la transposición de una directiva europea, a la que se unen una serie de medidas en las que se va más allá de las indicaciones comunitarias, según explicó el Ministerio de Economía. En cuanto a la transposición de la directiva, ésta sólo se aplica a personas físicas particulares, aunque Economía propone que se extienda también a aquellas que realizan actividades empresariales, es decir, autónomos. La parte de la ley que se refiere a la trasposición de la directiva recoge tres aspectos: normas de conducta, normas de protección del deudor hipotecario y regulación de los intermediarios financieros.
En cuanto a las normas de conducta, Economía explica que se busca que quienes intervengan en el mercado hipotecario tengan “capacitación y profesionalización”, con el fin de “prestar toda la información que requiere el prestatario y evaluar su solvencia”. Además, se eliminarán determinados incentivos para el profesional del banco que estuvieran vinculados a captar hipotecas y se prohíben operaciones vinculadas, como tener que adquirir otros productos. En este último punto se encuentra la excepción de que “se consideren que son beneficiosas para el prestatario” y tenga el visto bueno del Banco de España.
Por otra parte, se abordan una serie de normas de protección del deudor hipotecario, con referencias a la posibilidad de amortización anticipada de la hipoteca (se va a permitir que se haga en cualquier momento durante la vida del contrato y limitar la retribución que pueda percibir el banco) y a facilitar convertir a euros prestamos en divisas extranjeras. En lo que se refiere a la regulación de los intermediarios financieros, habrá una supervisión constante a quienes dan préstamos, con control del Banco de España o de las comunidades autónomas.
Desde el Ministerio han señalado que en una segunda parte, esta ley recoge una serie de medidas para ir más allá de lo que va la directiva comunitaria que recoge aspectos precontractuales, vinculadas a la firma del contrato y a la ejecución del mismo. En las medidas precontractuales, el cliente tendrá que recibir por parte del banco la ficha de información normalizada y otra con advertencias estandarizaras con las cláusulas que puedan ser potencialmente más peligrosas. Además, se tendrá que informar al cliente de las estimaciones con diversos escenarios en casos de tipos variables e información desglosada sobre los gastos.