Los propietarios de suelo de la zona sureste de Madrid, representados en las Juntas de Compensación de Berrocales, Valdecarros, Los Cerros han anunciado que ejercitarán las medidas legales que procedan para defender sus intereses frente a la actuación del Ayuntamiento en estos ámbitos. Esta decisión viene motivada ante el plan presentado por el Consistorio liderado por Manuela Carmena en la última mesa de debate y ratificada por el Delegado de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo, en la última Comisión de Urbanismo. Los portavoces han señalado que la actuación del Ayuntamiento provocaría un retraso de los desarrollos del sureste de, al menos, 10 años, además de liquidar casi todas las Juntas de Compensación, lo que implicaría importantes indemnizaciones a cargo de los presupuestos municipales, lo que afectaría a todos los madrileños.
Los portavoces destacaron que la paralización de los desarrollos del sureste perjudicaría el urbanismo madrileño y los planes de vivienda protegida del Ayuntamiento y de la Comunidad. La subida de precios que se produciría ante la escasez de la oferta en la capital provocaría el éxodo de los nuevos hogares formados por jóvenes de menores ingresos que buscan vivienda dentro de la capital, especialmente aquellos procedentes de los barrios anexos de Vicálvaro y Vallecas, teniendo que buscar vivienda en ciudades a decenas de kilómetros de la capital, fuera del cinturón de la M-50.
Además, añadieron que este hecho deterioraría aún más las cuentas municipales del Consistorio al expulsar a miles de jóvenes que hubiesen pagado sus impuestos en Madrid. En cambio, con la propuesta de Carmena, la gran mayoría de dichos jóvenes vivirían fuera de Madrid, desplazándose gran parte de ellos a la capital a diario a trabajar, utilizando los servicios municipales y congestionando aún más las vías de acceso de Madrid, mientras que los impuestos irían a otros ayuntamientos de la Comunidad.
Las Juntas de Compensación han resaltado que Manuela Carmena, según el último plan presentado, desclasifica más de 5 millones de metros2 los cuales estaban destinados a zonas verdes que, rehabilitadas y reforestadas por las juntas, serían entregadas al Ayuntamiento de manera gratuita. El plan presentado por el Consistorio dejaría miles de metros cuadrados abandonados, expuestos a convertirse en lugares de vertidos ilegales que, en lugar de mejorar, ahondarían en el problema medioambiental de la capital.