Sumar ha denunciado la falta de transparencia y de pacto en algunos contratos hipotecarios y ha exigido al Gobierno intervenir para corregir algunas irregularidades como las amortizaciones no pactadas que las entidades financieras aplican unilateralmente en las hipotecas de los consumidores.
En concreto, los diputados Félix Alonso y Carlos Martín han registrado una batería de preguntas en el Congreso para saber la posición del Gobierno sobre el sistema ‘redito ad libitum’ (Redal) en los contratos hipotecarios, mediante el cual, según apuntan, los bancos podrían estar ocultando al consumidor la carga económica y sus obligaciones financieras.
Los diputados explican que en un contrato hipotecario definido de forma correcta deben establecerse dos acuerdos, uno por los intereses que el cliente pagará mensualmente por el dinero prestado por el banco y otro por la cantidad de capital que se amortizará cada mes para devolver el préstamo.
Estos acuerdos se suscriben mediante dos fórmulas matemáticas que hacen referencia a los intereses devengados, por un lado, y las cuotas, por otro. La suma de ambas se conoce como cuota mixta.
En algunos contratos las fórmulas están mal puestas y el lenguaje técnico utilizado sólo es comprensible por profesionales con conocimiento de economía o matemática avanzada, algo que, a juicio de los diputados, ‘también es irregular’.
Los dipitados señalan que este tipo de contratos era habitual hasta 2011, cuando el Ministerio de Economía publicó una Orden Ministerial para acabar con el problema. También aseguran que el Banco de España sabía de estos contratos desde el 2002.
Desde Sumar entienden que estos contratos, que son validados después por notarios y otros fedatarios públicos, contienen “graves errores, cláusulas abusivas, falta de transparencia financiera y otro tipo de irregularidades”, por lo que se podría recurrir a la Justicia para recurrirlos e incluso evitar el desahucio en una situación de impago de la cuota.
Con todo ello, Sumar quiere saber cuáles son las medidas que el Gobierno tiene previsto tomar en estas situaciones y si se prevén cambios en la legislación para mejorar la protección de los consumidores.