La presión fiscal crece en España cada año, y las comunidades de propietarios, en donde residen el 80% de los ciudadanos, no son ajenas a ella. La carga de trámites y obligaciones fiscales que tienen que atender las comunidades, no han dejado de incrementarse en los últimos años.
La presentación de los modelos fiscales 184 o 347, el IVA o las notificaciones telemáticas son algunas de las obligaciones que desconocen aproximadamente el 20% de las comunidades, unas 220.000 en toda España, que no cuentan en su mayoría con un administrador de fincas colegiado, según el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), y que su incumplimiento puede acarrear importantes sanciones económicas.
Otra de las obligaciones fiscales obligatoria desde el 1 de enero de 2014 y con efectos desde febrero de 2015, es el modelo 347. Esta exigencia fiscal obliga a las comunidades a declarar las operaciones con terceros, por ejemplo, con empresas de reformas, cuando hayan superado en su conjunto y durante el ejercicio anterior de 2023 la cifra de 3.005,06 euros.
No obstante, caben excepciones, según el CAFMadrid: la comunidad no tendrá que informar sobre los gastos de suministros de agua, energía eléctrica y combustibles de cualquier tipo con destino a su uso y consumo comunitario. Tampoco estarán sujetos a esta información los seguros que tengan por objeto el aseguramiento de bienes y derechos de zonas y elementos comunes.