En España, el 77 % de los edificios no han eliminado las barreras arquitectónicas de acceso en sus edificios. Eso supone que, de un total de 9.814.785, solo el 23 % son accesibles (2.257.400 edificios). Hay que decir que de este porcentaje, solo el 2 % de las fincas poseen un acceso desde la calle al portal que cumpla con los criterios de accesibilidad universal, lo que supone 196.295 edificios.
En nuestro país, la mayor parte de los edificios han sido construidos entre los años 1950 y 2001, en que se edificaron algo más del 70 %, y solo un 12,0 % son viviendas que han sido construidas a partir del año 2002. Y la accesibilidad de los edificios construidos entre 1950 y 2001 es del 23 %, y las de los construidos a partir del año 2002, es de 22 %. De estos datos se obtiene la conclusión de que una de las razones más importante por las que no se ha procedido a la supresión de barreras arquitectónicas en un mayor número de inmuebles es por la imposibilidad técnica de realizar las obras correspondientes por las características del propio edificio.
El Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social establece que, en las viviendas en régimen de propiedad horizontal se deben de realizar las obras necesarias para que las personas con discapacidad puedan usar los elementos comunes. Fundamentalmente, las comunidades de propietarios deben instalar rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la entrada y salida del inmueble antes del 4 de diciembre de 2017.
Las distintas administraciones públicas tienen establecidas una serie de subvenciones que se han ido limitando en número y cuantía en los últimos años por causa de la crisis económica, lo que ha dificultado considerablemente que se acometan las obras requeridas para conseguir la accesibilidad universal. Pese a ello, podemos decir que la mayor parte de las comunidades de propietarios han realizado las obras de accesibilidad con medios propios (alrededor del 78 %), a la espera de recibir, posteriormente, el importe de las subvenciones correspondientes, porque estas solo se dan una vez realizadas las obras.
Los administradores de fincas consideran que la Administración, en sus distintos niveles, debe aumentar las ayudas públicas a las obras encaminadas a mejorar la accesibilidad. Por otra parte, los colegios de administradores de fincas ponen a disposición de los ciudadanos y de las comunidades de propietarios que no cuenten con un profesional colegiado, sus asesorías de información para que puedan realizar las consultas necesarias sobre cómo hacer posible el derecho a la accesibilidad universal en los edificios.