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Impuestalia se incorpora a la CEOE

    Antono Garamendi y Felipe Rufino.

    El presidente de Impuestalia, Felipe Rufino Laffitte, ha sido nombrado miembro del Consejo Asesor del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

    Rufino ha asegurado que “nos sumamos a la fuerza del empresariado español, mediante nuestra adhesión a CEOE, que nos permite aportar nuestras experiencias y especialización en la tributación local”.

    “Adicionalmente, en estos momentos inciertos, formar parte de una estructura como es CEOE, nos permite colaborar con el ecosistema empresarial y el resto de asociados para alcanzar intereses comunes y coadyuvar a reforzar la competitividad de las compañías españolas”, asegura el presidente de Impuestalia.

    Sus dos socios, José Carlos Gutiérrez Egea y Antonio Pablo-Romero Carranza participarán con una vocalía en la Comisión de Vivienda y Urbanismo y en la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial, respectivamente. La patronal integrará también a varios de sus directivos en la Comisión de Industria y Transición Ecológica y en la Comisión de Transporte y Logística.

    Impuestaliaconsiguió en octubre de 2021 que el Tribunal Constitucional declarara nulo e inconstitucional la Plusvalía Municipal. A raíz de la declaración de inconstitucionalidad, y según un recuente estudio de la Intervención General de la Administración del Estado, los ayuntamientos recaudaron 1.306 millones de euros en el año 2.022, un 39% menos que los 2.141 millones recaudados en 2021.

    Según este estudio, la principal razón de la caída tan brusca de la recaudación estuvo en los cambios normativos que se introdujeron a raíz de la citada sentencia, que implico positivamente para los contribuyentes de todo el país un ahorro de más de 69,5 millones de euros mensuales durante 2022.

    A raíz de aquella sentencia, el Gobierno aprobó un Decreto Ley donde se establecían dos sistemas de cálculo, que garantiza en gran medida que el tributo se aplique sobre la ganancia realmente obtenida. La Plusvalía Municipal es el segundo tributo que más recauda en los entes locales, solo por detrás del Impuesto de Bienes Inmuebles.