Concovi ha participado en un evento virtual organizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), que ha contado con la participación del Director General de Urbanismo, Raimundo Herráiz, así como el director de Servicios Jurídicos del Colegio de Aparejadores de Madrid, Jorge Heras de los Ríos, el presidente de AGV, José Luis Granjera, la directora general de ASVAL, Beatriz Toribio, y el socio responsable de Urbanismo de Uría Menéndez, Antonio Gómez Cid.
En la jornada se ha abordado la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que todos los presentes han valorado muy positivamente, calificándola de muy esperada y necesaria. La modificación de esta Ley contempla una actualización y modernización de los trámites inmobiliarios que busca evitar retrasos en la concesión de licencias de primera ocupación y que supone uno de los primeros escollos para agilizar y dinamizar el sector. Concretamente, recoge la reducción de los plazos para la obtención de LPO mediante la Declaración Responsable, uno de los aspectos más demandados tanto por Concovi, como por Asprima, así como por los principales agentes del sector.
El presidente de Concovi, Juan Casares, considera que la modificación de la Ley es una “demostración de la necesidad de actualizar y modernizar la antigua ley, que ya se encontraba obsoleta y provocaba un gran coste económico al sector y a los ciudadanos”. Además, ha señalado que es necesario tramitar una nueva Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid que no solo contemple la reducción de los plazos en los trámites de la obtención de licencias de primera ocupación, sino que “es una pena que se hayan quedado en el tintero asuntos tan importantes como los que atañen a los suelos demaniales y su resolución para que pasen a ser patrimoniales y puedan cumplir con un objeto social al permitir su desarrollo para un proyecto de vivienda con algún tipo de protección”.
Asimismo, ha recordado que hay que ir más allá de las LPO y abordar también la problemática para la obtención de Licencias de Obra Mayor. “Tanto en el sector de inmobiliario como en el Sector de Economía Social en materia de vivienda, en el que se enmarcan las cooperativas, cualquier impacto económico que sufra el proyecto en su puesta en marcha debido a este tipo de retrasos, puede suponer y muchas veces supone el siniestro de un proyecto”, ha señalado Casares.