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La construcción contra las cuerdas

    Sánchez anuncia la medida desde el Palacio de la Moncloa.

    Las medidas de aislamiento total decidida por el Gobierno central este fin de semana han supuesto la paralización de la actividad constructora en toda España. Las obras en marcha que quedaron a salvo en el decreto de alarma decretad hace quince días han sido incluidas entre las nuevas restricciones de actividad que el presidente del Gobierno anunció el sábado.

    Algunas instituciones, entre ellas la OMS, gobiernos regionales como los de Cataluña, Murcia o el País Vasco; gobiernos locales, como el de Madrid; sindicatos y colegios profesionales como el de arquitectos, ya habían pedido esta paralización, que ahora se hace efectiva.

    Desde las patronales CEOE y Cepyme han avisado de que el cese de la actividad es “una medida que va a generar un enorme impacto sin precedentes en la economía española, especialmente en sectores como el industrial”. Aunque no tuvieron noticia de estas medidas hasta minutos antes del anuncio y no fueron consultados, los líderes empresariales las han apoyado y garantizan su cumplimiento.

    El Gobierno, a través de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, del sector podemita del Ejecutivo; ha anunciado que se prohíbe por ley despedir durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus, lo que se traduce en que será imposible hacer extinciones objetivas por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción asociadas al COVID-19.

    La medida copia de Díaz la moratoria implantada en Italia y recoge todas reivindicaciones de UGT y CC.OO. A partir de ahora los contratos temporales que se suspendan en los próximos días se prorrogarán de forma automática. Las medidas no serán retroactivas y no afectarán a todos los despidos ya realizados.

    En su reivindicación, los empresarios aseguran que esta paralización puede provocar “una crisis más profunda de la economía que podría llegar a ser social”, al tiempo que han pedido que la medida vaya acompañada de otras que eviten el agravamiento de la actual situación, especialmente para pymes y autónomos. Las patronales temen “una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva”.

    En la actualidad, el sector de la construcción da trabajo a 360.000 personas y están en ejecución 150.000 viviendas, según datos de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE).