La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) cuestiona los topes al precio del alquiler que establece el Proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, que está cerca de alcanzar su aprobación. ACI como siempre está abierta a colaborar con la administración en proponer otros mecanismos que fomenten el acceso a la vivienda y que den respuesta a las necesidades reales del mercado inmobiliario.
El proyecto de ley, que el gobierno espera que esté aprobado antes de los procesos electorales del 28 de mayo, contempla que los alquileres de viviendas puedan incrementarse, como máximo, un 2% este año, un 3% en 2024 y serán regulados, a partir de 2025, en base a un nuevo índice que se diseñará distinto al IPC.
El presidente de ACI, Ricardo Martí-Fluxá, ha alertado de que “el planteamiento actual de la Ley de Vivienda no solo perjudica grave y directamente a los inquilinos y propietarios de viviendas en alquiler, sino que sitúa a España en clara desventaja frente al resto de países como destino de inversión, lo cual supondría una gran pérdida para la economía en general. Esta nueva norma desincentivará proyectos que podrían profesionalizar y ampliar la oferta de vivienda como Build to Rent, así como las grandes rehabilitaciones de inmuebles destinados al alquiler”.
Son varios los operadores o fondos especializados que se fijan en nuestro país para invertir. “En 2023 observamos que la incertidumbre ya frena la inversión, afectada por el incremento de los tipos de interés, y el impacto directo de esta ley causará un daño importante a la seguridad jurídica. Los inversores afectados podrían mostrarse reticentes a volver a operar en este mercado.”
Por su parte, “los arrendadores podrían llegar a retirar sus activos del mercado, disminuyendo radicalmente la oferta. A su vez, la congelación e intervención de la renta desincentivará las rehabilitaciones de inmuebles destinadas a incrementar su sostenibilidad puesto que dichas inversiones no se reflejarán en incrementos de rentas bajo esta ley”.