El número de lanzamientos practicados cayeron en el segundo trimestre un 32,7% respecto al mismo periodo de 2022, hasta un total de 7.279, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales.
Del total de lanzamientos, 5.306 (el 72,9%) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.497 (el 20,6%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 476 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron una disminución interanual del 37%, mientras que los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se redujeron en un 32,6% y los derivados de otras causas descendieron el 16,2%.
Cataluña, con 2.274 lanzamientos (31,2% del total nacional), fue la comunidad autónoma en la que se practicaron un mayor número durante el segundo trimestre de 2023. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 1.090; Andalucía, con 1.051; y Madrid, con 561.
Del informe se desprende también que en el segundo trimestre del año se presentaron 5.161 ejecuciones hipotecarias, un 17,3% menos que en el mismo periodo de 2022.
El mayor número se dio en Andalucía, con 1.064, un 20,6% del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 1.027; la Comunidad Valenciana, con 821; y Madrid, con 567.
Sin embargo, si se atiende al número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan la Comunidad Valenciana, con 15,7 ingresadas por cada 100.000 habitantes; y Castilla la Mancha, con 13,4.