El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana defiende la necesidad de reformar la Ley del Suelo para poner coto a los “chantajistas” que, a su juicio, se aprovechan de la norma vigente presentando reclamaciones ante planificaciones urbanísticas que después acaban retirando tras llegar a un acuerdo económico.
Este es el argumento que esgrime el departamento que dirige Isabel Rodríguez en el proyecto de ley que se va a tramitar en el Congreso y que ha sido criticado por Sumar. Y es que, según el socio minoritario del Gobierno, con esta reforma se limita el derecho ciudadano a presentar reclamaciones ante pelotazos urbanísticos.
Según el proyecto de ley, el Gobierno ha detectado que la norma en vigor ha dado pie a una picaresca extremadamente peligrosa para los intereses públicos, ya que en los últimos años y, sobre todo, en las grandes ciudades, se han detectado claros abusos en el ejercicio de estas reclamaciones.
El principal objetivo de la reforma aprobada por el Consejo de Ministros es evitar la paralización de la planificación territorial por defectos menores que se pueden subsanar con facilidad.
Mediante la acción pública urbanística, cualquier persona puede exigir ante la Administración o ante la jurisdicción contencioso-administrativa la observancia de la ordenación del territorio y el urbanismo, sin que sea necesario que se acredite ningún derecho subjetivo o interés legítimo.
Esto permite, dice el Ministerio de Vivienda, que cualquier ciudadano pueda poner en marcha procedimientos legales con el fin de poder defender la legalidad urbanística y que, en algunos casos, errores de carácter formal fácilmente subsanables puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
En concreto, el proyecto de ley habla de “picaresca extremadamente peligrosa” cuando se refiere a quienes reclaman para tratar de obtener una compensación económica del ayuntamiento o de los propietarios que resultarían beneficiados, a cambio de desistir de la acción interpuesta.
“Se trata de profesionales o chantajistas de la acción pública, que abusan de esta institución con fines perversos y que en nada ayudan al interés general”, denuncia el ministerio.