Sevilla continúa recibiendo las notificaciones procedentes de la Gerencia Regional del Catastro de Andalucía por la detección de obras y otras alteraciones no declaradas en sus inmuebles. Así lo informan expertos de Impuestalia, empresa especializada en la Optimización Impositiva de IBI´s y otros tributos asociados a la tenencia y transmisión de bienes inmuebles, a donde desde el pasado mes de abril se están acercando los contribuyentes para revisar si en sus valoraciones existen errores. Tras el análisis de las propuestas, se han tramitado los correspondientes escritos de alegaciones y recursos, estando a la espera de resolución por Catastro.
Según Clementina Caballero, directora de gestión de Impuestalia, puede haber errores en las regularizaciones. Así, Impuestalia estima que al menos en el 7% de los inmuebles a los que el Catastro notifique una modificación del valor catastral por la regularización, podrían existir discrepancias. “El contribuyente no debería conformarse con la resolución que reciba, pero la mayoría de las veces no se sabe a dónde acudir para comprobar estos datos. Lo ideal es revisar dicha documentación para estimar si es correcta, y poder constatar así si los datos de la nueva valoración están acorde con los factores y circunstancias reales de nuestro inmueble”, declara.
El 30 de noviembre de 2016 está previsto que finalice el Proceso de Regularización Catastral en la ciudad de Sevilla, por lo que los propietarios de los inmuebles en los que se haya detectado alguna incidencia, estarán recibiendo sus correspondientes notificaciones, probablemente, hasta final de año. El motivo de dicha regularización se debe a la adopción de diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Se regula incorporar al Catastro los inmuebles urbanos y rústicos con nuevas construcciones, así como las modificaciones de sus características en el caso de que no hayan sido declaradas, con el fin de lograr la concordancia de los datos de los bienes inmuebles que posee la Administración con la realidad.