La patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan asegura que España arrastra un déficit de inversión en infraestructuras “prioritarias y de elevado impacto social” de 114.000 millones de euros. Seopan ve así insuficiente el incremento de inversión anunciado para atajar esta brecha que, según advierte, se traduce en “pérdida de competitividad y de impulso económico” en el país, tal como asegura el presidente de la asociación, Julián Núñez.
Por tipo de infraestructuras, las relacionadas con la movilidad y el transporte son las que mayor falta de inversión presentan, estimada en unos 85.000 millones. Después se sitúan las relacionadas con el agua, con una inversión 12.000 millones inferior a la necesaria, las instalaciones hospitalarias y de centros educativos (10.500 millones), las actuaciones medioambientales (6.500 millones) y las logísticas (700 millones).
La asociación, que agrupa a las grandes constructoras (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr) y las concesionarias de autopistas, considera insuficiente la inversión de unos 8.500 millones de euros que contemplan los Presupuestos para 2018, si bien reconocen que el aumento del 12% respecto a un año antes constituye un punto de inflexión frente a los mínimos históricos de ejercicios anteriores. Para la organización, se trata de un volumen inversor que retrotrae el sector a los niveles que presentaba en el año 1999. Además, asegura que es un 63% inferior a la media de los de las cuatro mayores economías de la UE.
Seopan calcula que a este ritmo de inversión se tardaría más de un siglo en superar la brecha que, según mantiene, presentan algunas necesidades de infraestructuras. En concreto, este es el caso de las instalaciones de tratamientos de residuos. Segun la patronal, al actual ritmo de contratación (de unos 48 millones de euros anuales) llevará 136 años en cumplir el objetivo de inversión para 2020.
Para el caso de las necesidades de considera presentan las instalaciones de agua estima un plazo de 39 años, una media de 42 años para los requisitos relacionados con dotaciones para transportes y de cuatro años en lo que a hospitales y centros escolares se refiere. Con todo, la patronal considera imprescindible que se alcance “un pacto nacional entre la distintas fuerzas políticas sobre la política de infraestructuras a largo plazo que, bajo estrictos criterios de rentabilidad económico y social, marque las actuaciones prioritarias y su financiación”, reclamó Núñez.